- Samuel Prieto Rodríguez
El engaño fraudulento de Tecnoradio y el fiasco de la autoridad
Una omisión legal que, como mínimo, da pie a un fraude por muchos millones de pesos. Tecnoradio sembró toda clase de dudas, suspicacias, desconfianzas, chismes e incredulidades desde que ganó 37 de las 178 frecuencias radiofónicas en la licitación que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y más por la forma en que lo hizo. Aquí mismo, en El despacho del Productor, nos hicimos varias preguntas.
La respuesta para no dar respuestas que dio Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, se escudó paradójicamente en los mecanismos de transparencia: “Estamos impedidos legalmente para revelar los nombres de los accionistas de cada una de las empresas. Esto es porque es justamente información que está protegida por las leyes federales y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido no podemos nosotros revelar esta información que pues es considerada justamente como confidencial”.
Un agente económico que entró al juego como una especie de fantasma del que nadie sabía públicamente su origen, trayectoria empresarial y personajes que lo encabezan obtuvo presencia radiofónica en 18 estados sólo por ser el mejor postor de las concesiones que ganó con 287.58 millones de pesos.
Más aun, llamó bastante la atención que sus ofertas en la subasta fueran tan agresivas que terminaran aumentando hasta 22 veces los valores mínimos de referencia, por lo que varias de estas nuevas frecuencias no serían rentables durante varios de sus primeros años de operación.
La gran pregunta es ¿de dónde sacarían Alí Eduardo Bañuelos Santana, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano, los accionistas de Tecnoradio quienes mantienen su anonimato lo más resguardado posible hasta en Google, los 287.58 millones de pesos para pagar la contraprestación que ofrecieron y al menos otros 240 millones para transmisores, estudios, locutores, técnicos y demás elementos necesarios para echar a andar las estaciones?
El columnista de El Universal y abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, hizo su investigación de fondo y la detalló desde el título: Tecnoradio: una simulación para ahorrarse millones y sabotear la competencia en radio. Se centró en Alí Eduardo Bañuelos y apareció lo que al parecer quería mantener oculto el enigmático personaje: está casado con Viviana Toscano, sobrina de Rebeca Margarita Toscano y de su esposo Javier Pérez de Anda, presidente de Radiorama, la empresa radiofónica con más estaciones en todo el país.
El vínculo familiar se extiende aún más porque la sobrina es, por lo tanto, prima hermana de las tres hijas de Pérez de Anda, quienes también son accionistas de Radiorama, así que hay un parentesco por afinidad y consanguinidad en tercer grado.
¿Y eso qué? Bueno, este es uno de esos casos en que los lazos familiares tienen mucho que ver. Lo menos que cometió el presidente de Tecnoradio es una omisión legal de suma importancia: El Apéndice E de la licitación, que es el formulario de competencia, establece con claridad en el inciso 5 de la página 4: “Identifique a las personas físicas que tengan vínculos consanguíneos o por parentesco hasta el cuarto grado, en términos de los artículos 292 a 300 del Código Civil Federal, con: i) el Interesado; o ii) con cada uno de los Relacionados Accionistas del Interesado”.
¿Eso es grave? Sí porque, como decíamos, el no declarar esa información da pie a un fraude de bastantes millones de pesos. En la lógica de impulsar una mayor competencia mediante la entrada de nuevos competidores a la industria, el IFT dispuso que ellos tendrían un descuento de 15 por ciento. Es decir, Tecnoradio se ahorraría unos 43 millones de pesos que no entregaría a las arcas públicas nada más por hacerse pasar como un nuevo vecino en la cuadra.
La investigación de Javier Tejado Dondé es bastante robusta pero ahora falta que la autoridad haga la suya para que sea oficial pero no parece tener muchas ganas de clarificar el asunto.
Por lo pronto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deslindó del caso con el argumento de que según lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “la SCT emite una opinión técnica no vinculante al IFT, entre otros, sobre el otorgamiento, la prórroga y revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con base en la información que el IFT le remita para tal efecto, lo cual se realizó en tiempo y forma, con respecto a la empresa Tecnoradio. De modo que la SCT no puede solicitar más información que la que el IFT requirió a los participantes de la licitación conducida por dicho organismo autónomo”.
Las bases de la licitación (página 38, numeral 10-10.1-IV) establecen que una causal de descalificación es “el incumplimiento del participante de cualquier requisito u obligación contemplado en las bases, sus apéndices y anexos, o en cualquier otro documento que forme parte integrante de la licitación”.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo pública su postura: “el Instituto resolverá si se actualiza alguna causal de descalificación prevista en el numeral 10 de las Bases de Licitación, mismas que comprenden, entre otras, el incumplimiento en el pago de las contraprestaciones, así como la invalidez, nulidad, falta de autenticidad en los documentos o la entrega de información falsa. En estos supuestos procederá la ejecución de las garantías de seriedad y se continuará, conforme a las Bases, con la asignación de frecuencias a los participantes con la siguiente postura más alta en el lote respectivo, siempre que hayan manifestado su interés dentro del plazo previsto en las propias Bases”.
“Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que el Instituto emprenda por la responsabilidad civil o penal en que haya podido incurrirse, atendiendo a la naturaleza de los hechos”.
Pero no es tan simple. La afectación de Tecnoradio al proceso fue tan grande que infló desproporcionadamente los precios de referencia al grado de que es muy posible que cualquier otro participante decida buscar la nulidad de la licitación por la vía legal.
Un nuevo fiasco para el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su intento por impulsar la competencia, pero sin la supervisión y el rigor que demanda un tema tan delicado como la concesión del espectro radioeléctrico para su explotación comercial.