- Samuel Prieto Rodríguez
Tecnoradio y otros fiascos. “Indicios, no delitos”: IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una denuncia penal contra Alí Eduardo Bañuelos Santana ante la Procuraduría General de la República, pero no por algún ilícito en particular. “En este momento no se imputaron delitos sino indicios”, le dijo Carlos Silva, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IFT, a la reportera Claudia Juárez de El Economista. "Se dan a conocer indicios que fueron conocidos en diferentes medios de comunicación y ahora se hacen del conocimiento de la autoridad", agregó.
Ya conocemos la historia. Básicamente, Tecnoradio intentó hacerse pasar como un nuevo participante en la industria cuando entró a la licitación ocultando vínculos evidentes con Radiorama, el grupo más grande del país.
En la primera sesión del pleno del IFT después del plazo límite para el pago de las contraprestaciones, Tecnoradio quedó descalificada al no haber hecho el pago de los 287.58 millones de pesos que había comprometido por 34 frecuencias en FM y 3 en AM. Pero de lo perdido, lo que aparezca, así que de cualquier manera la autoridad se cobrará los 41.8 millones de la garantía de seriedad.
Aunque ese parece ser el menor de los problemas para Alí Eduardo Bañuelos Santana, dueño de 480 de las 600 acciones de Tecnoradio según un comunicado emitido por él mismo en marzo y esposo de “la Vivis”, una sobrina de Javier Pérez de Anda, presidente de Radiorama. Ahora falta ver hasta dónde llegará la PGR en su investigación.
Horas antes de que el IFT presentara la denuncia, el columnista Mario Maldonado había publicado en El Universal que “quienes han visto a Javier Pérez de Anda recientemente dicen que está preocupado. No sólo él, sino sus familiares y algunos políticos a quienes habría ofrecido algunas de las frecuencias que ganó Tecnoradio, la empresa fachada que, según se ha documentado, utilizó Radiorama para quedarse con buena parte de las concesiones de radio FM que subastó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”.
El temor del empresario sería por quedarse solo, sin el apoyo de sus aliados empresariales y políticos para enfrentar un señalamiento legal. El columnista continúa: “Una de las líneas de investigación que sigue la autoridad tiene que ver con presuntas llamadas realizadas directamente por Javier Pérez de Anda a gobernadores de los estados en los que Tecnoradio ganó frecuencias, tras ofrecer hasta 40 veces más de los valores mínimos de referencia en algunas de las plazas. Sin embargo, la principal línea que sigue el IFT es la relación de sus familiares con Tecnoradio y la simulación para participar en la licitación. La sanción económica para Radiorama podría ascender a 10 por ciento de sus ingresos anuales y derivar en acciones penales”.
Todo un enredo. Los vínculos se extienden todavía más allá dentro de la industria. Pérez de Anda no sólo está emparentado con Bañuelos Santana sino que su hija Lorena Pérez Toscano está casada con Mauricio Huesca, hijo del presidente y dueño de NRM Comunicaciones, empresa de la que adquirió en 1994 las 3 sintonías de amplitud modulada con las que obtuvo presencia radiofónica en el Valle de México.
Por ese lado no parece haber indicios de contubernio para ganar más frecuencias mediante el engaño a la autoridad. Salvo que una investigación a fondo de la PGR descubra irregularidades también ahí, no es nada reprobable pero sí una muestra de las redes de intereses que hay que observar.
Más allá de Tecnoradio, si bien el resto de la licitación tiene sus buenos resultados, también registra otros bastante cuestionables. Hagamos más adelante, aquí mismo, las matemáticas globales, pero la naturaleza del periodismo no es de entrada estar señalando los aciertos sino, responsablemente, lo que es irregular. De acuerdo con el análisis del reportero especializado Adrián Arias del periódico La Crónica, hubo al menos otros 4 casos en que los postores inflaron sospechosa y excesivamente los precios.
El más evidente es el de la empresa La Mera en Playa que ofreció 42 millones de pesos por una FM en Puerto Morelos, Quintana Roo, que tenía un valor mínimo de 20 mil, es decir, lo aumentó 2 mil 100 veces. Esa misma empresa comprometió 25 millones 400 mil por otra frecuencia en Tulum que tenía un precio base de 52 mil pesos, o sea que lo incrementó 488.4 veces. Al final, no las pagó.
La firma Centrado Corporativo se aventuró a ofrecer 20 millones 600 mil pesos por una sintonía en Zacatlán, Puebla, desde los 98 mil que valía inicialmente, o sea que infló 210.20 veces el precio y también terminó por no pagarlo igual que Información y Cultura Ascendente que apostó 11 millones 150 mil pesos por una radio en San Miguel el Alto, Jalisco, cuyo valor de entrada era de 57 mil.
Arias explica que “incrementar los valores en las subastas y no pagar por ellas es considerado como una estrategia anticompetitiva, ya que ello provoca que otros postores se desistan ante dicho encarecimiento”. Después de todo, la única sanción es el pago de las garantías de seriedad que son montos proporcionalmente mucho más pequeños.
Ahora sí, veamos la fotografía global de la licitación después de la sesión del IFT. Según el comunicado, se emitió el fallo a favor de 25 participantes y la descalificación de 14, en la mayoría de los casos por no pagar la contraprestación que habían comprometido.
De 178 posibles, el Instituto había recibido el pago por 122 pero podrían terminar siendo hasta 147 dado que en 25 casos otros participantes habían ofrecido posturas válidas como para adjudicárselas. Todas esas nuevas estaciones de radio llegarán, sin duda, a refrescar la competencia con opciones nuevas para las audiencias.
El problema es confianza. Como decíamos en una entrada anterior sobre este tema, autoridades muy ingenuas o participantes muy vivos. Fiascos que debilitan todo.