• Samuel Prieto Rodríguez

La Política de Comunicación Social del Gobierno


De acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de Comunicación Social, en 2019 el gobierno federal habrá gastado 4 mil 711 millones de pesos, la mitad de lo que gastó en publicidad la administración anterior en su último año. De hecho, la cantidad también es menor al tope de 5 mil 800 millones que establece la ley.

No habrá contratos anuales sino por campaña, de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada una. El responsable de esto dice que ya hay 300 preparadas para este año, la primera de ellas sobre la declaración anual de impuestos, y que ningún medio de comunicación puede tener más del 25 por ciento de una campaña.

En vez de contratar agencias y casas productoras, los anuncios se harán en los medios públicos que se encargarán de contratar directores de cine, guionistas, creativos, actores y demás talento. La Política de Comunicación Social del Gobierno Federal también establece que para optimizar el gasto se ocuparán al 100 por ciento los tiempos oficiales en medios electrónicos.

Con respecto a los medios digitales, Ramírez Cuevas dice que “existen rankings, registros en Comscore, en empresas que se dedican al extra, en fin, que marcan digamos algunas tendencias de consumo de usuarios en Internet, y se van a utilizar. Son públicas, cualquier usuario, cualquier empresa, cualquier medio de comunicación puede acceder a ellas, por lo cual es uno de los filtros más transparentes”.

Entre especialistas, la nueva política es un buen avance pero se queda corta en aspectos importantes. La organización Artículo 19, por ejemplo, repasa algunos: “En el Artículo 12 de la nueva política se prohíbe que uno solo reciba más del 25por ciento del gasto. Sin embargo, esta medida de avanzada está acompañada de excepciones. El Artículo 14 fija de manera muy oportuna algunos criterios de asignación de la publicidad oficial pero falta claridad y precisión en su redacción, lo que da un margen importante de interpretación y de discrecionalidad. Asimismo, la política anunciada hace caso omiso de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Con el marco legal actual los medios comunitarios tienen acceso limitado a la publicidad oficial, y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios”.

“Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial. Su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de gobierno. La actual Ley General de Comunicación Social debe abrogarse para poder discutir y legislar una nueva de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus ‘Principios sobre regulación de la publicidad y libertad de expresión’”.

Pero más allá de la política institucional de comunicación, las dudas generalizadas más grandes tienen que ver con la actitud del presidente de México en su trato con los medios. Nada más un día antes, se había justificado diciendo que había sido malinterpretado: “Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia. Dije que cada quién era responsable de sus actos y que el diálogo era circular”.

El problema había sido que la mañana anterior, la frase que resonó fue: “si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, en referencia a los cuestionamientos incisivos que había recibido del periodista Jorge Ramos la semana anterior. La afirmación se tomó como una amenaza de poner a los simpatizantes lopezobradoristas más recalcitrantes a atacar y agredir a la prensa, como de hecho ha sucedido desde que inició el sexenio y más aun desde la campaña electoral.

Los señalamientos del mandatario a los medios y periodistas que no le son afines acusándolos de conservadores, fifís y otros calificativos, son comunes. Falta ver cómo se aplica en la práctica la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal y si las simpatías y antipatías del gobernante se reflejan en ella.

UPDATE 23.04.2019

Respondiendo una pregunta en la “mañanera” del martes 23 de abril, el presidente dio su punto de vista de propia voz:

“Ya se definieron criterios generales pero si hace falta se va a especificar más sobre la política de comunicación del gobierno. Estamos dispuestos a que se informe, se transparente todo. Hay que tomar en cuenta todos los criterios, desde luego no sólo el alcance, la cobertura que tengan los medios; hay que tomar en cuenta también su profesionalismo, su objetividad, que eso habría que verlo con mucho cuidado para que no se piense que va a haber censura. No va a haber censura para nadie, somos libres, además es muy bueno el debate, lo disfruta uno. Sería muy aburrida la vida sin el debate. Por eso, nada de censura, prohibido prohibir. Así de sencillo. Y hay que tomar en cuenta también las empresas que están vinculadas a los periodistas, en donde haya más periodistas y menos propósitos financieros o económicos; nos importa que se apoye a empresas en donde se les da trabajo a periodistas. Ese es otro criterio que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, sí es también cobertura, porque si vamos a llevar a cabo una campaña y el medio no es visto, claro, no es cobertura sin escrúpulos morales, por ejemplo, o cobertura obtenida con amarillismo. No es por ahí. Pero, bueno, son los criterios que tienen que ir definiendo, afinando”.

¿“Hay que tomar en cuenta también su profesionalismo, su objetividad”? ¿Y cuál será el criterio objetivo para definir eso?

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Periodista y productor audiovisual

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