- Samuel Prieto Rodríguez
La lista completa... ¿y?
La forma de celebrar cada año el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México, es una buena manera de tomar el pulso a la relación prensa-poder.
En la época más oscura del autoritarismo priista se celebraba con una gran comilona en que dueños de medios de comunicación y líderes de opinión departían con el presidente de la República en turno, quien recibía loas y aplausos al tiempo que establecía quién era el macho alfa de la relación. En 1982, por ejemplo, José López Portillo dijo en esa comida su frase célebre “no pago para que me peguen”, luego de que días antes había cancelado la publicidad oficial en el semanario Proceso por sus posiciones editoriales frente al oficialismo. Eran los tiempos en que el gobierno tenía el monopolio de la producción de papel para los medios impresos y podía decidir a quién venderlo y a quién no, o cancelar sin impedimento legal o institucional alguno cualquier concesión de radio o televisión.
Con el paso de los años y la llegada de nuevos estadios democráticos, la relación prensa-poder fue cambiando y moviendo sus pesos y contrapesos. Ejemplos al vuelo, el llamado ‘decretazo’ de 2002 que hacía a un lado los tiempos oficiales en radio y televisión que existen desde 1969, la llamada ‘Ley Televisa’ de 2006 que daba preferencia a la renovación de concesiones e inhibía la llegada de nuevos competidores, o la llamada ‘Ley Chayote’ de 2018 que daba manga ancha al gobierno para elegir a qué medios otorgar o no contratos de publicidad oficial.
Hoy, la distancia es mucho más sana. No hay fiesta de 7 de junio en terrenos presidenciales y este año, incluso, el gobierno liberó en la víspera la tan cantada lista completa de “personas físicas y morales que recibieron pagos por concepto de Gastos de Comunicación Social, correspondientes al periodo 2012-marzo 2019” para que el INAI la hiciera pública como respuesta a las decenas de solicitudes ciudadanas pendientes al respecto, muchas de ellas motivadas por la continua diatriba presidencial sobre “la prensa fifí” y “el hampa del periodismo”.
¿Qué devela esta lista? Básicamente que a pesar de que no hay reglas claras, lo que no es culpa de los medios por mucho que sean señalados como una mafia, poder fáctico o cualquier otro calificativo, el gasto sí se orientó en términos generales de acuerdo con el alcance, la penetración, la audiencia y otros criterios que deben considerarse y medirse.
Los esfuerzos de la administración federal actual por optimizar los recursos y gastar menos en comunicación, son absolutamente legítimos, comprensibles y congruentes con su política de austeridad. Pero con respecto a la lista de pagos del gobierno anterior, lo único que puede acreditarse ipso facto es el sobreejercicio excesivo en relación con los montos autorizados en el presupuesto de egresos de cada año.
Las preguntas que quedan sobre la mesa son las mismas que planteó la lista anterior de periodistas que, supuestamente, recibieron dinero a cambio de su integridad editorial y que, siendo objetivos, tampoco acredita tal señalamiento. ¿Se es un hampón por recibir pagos debidamente documentados del gobierno? ¿Está obligada una empresa o medio de comunicación a construir estrategias o difundir en favor de la administración pública sólo porque recibe publicidad oficial? Quien señala, está obligado a comprobar a cabalidad.