• Samuel Prieto Rodríguez

#LeyIngrid y #LeyOlimpia ¿Conciencia real o profundo cinismo?



El anuncio se dio con bombo y platillo el martes 23 de febrero: los 58 diputados presentes en la sesión del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad la #LeyIngrid.


Se trata de la adición del Artículo 293 Quater al Código Penal: “Se impondrán de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.


También precisa que las sanciones aumentarán en una tercera parte si ese contenido se difunde es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, como cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes; las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de salud de la víctima.



Muy bien, pero ¿en serio? ¿Una disposición de ética y claro sentido común no estaba en ninguna norma ni protocolo de trabajo del aparato de procuración de justicia? La ausencia hasta ahora de una ley así y la necesidad de que exista hablan también de la actitud indolente y retrógrada que persiste entre quienes tienen en sus manos la persecución de los delitos y la protección de las víctimas.


La #LeyIngrid se conoce así porque se originó luego del feminicidio de Ingrid Escamilla el 9 de febrero de 2020, cometido por su pareja sentimental, Érick Francisco Robledo Rosas, hecho que causó una gran conmoción por la saña con que fue perpetrado y porque al día siguiente las imágenes periciales del cadáver aparecieron publicadas en redes sociales y en las primeras planas de los periódicos ¡Pásala! y La Prensa.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la difusión de las imágenes sería sancionada. La fiscala, Ernestina Godoy, reconoció esa filtración como una ofensa no sólo a la víctima y a su familia sino a la sociedad. La investigación interna comenzó dirigiendo la lupa a 6 servidores públicos que pudieron haber filtrado las fotografías de Ingrid Escamilla. Pasado un año, la gran paradoja es que ya hay una #LeyIngrid pero la autoridad sigue sin saber quién o quiénes cometieron la indiscreción morbosa en la Fiscalía General de Justicia.


El viernes 14 de febrero de ese aciago 2020, una marcha de mujeres mostró su indignación contra La Prensa, uno de los periódicos que publicaron las fotografías, por su falta de ética al vender periódicos mediante el morbo y el sensacionalismo.



La protesta se extendió al gobierno. Acusaron al Estado mexicano de feminicida por la impunidad que gozan quienes cometen crímenes de género y la insensibilidad de las instituciones encargadas de castigarlos.



El caso de Ingrid Escamilla y el asesinato de la pequeña Fátima Cecilia Aldriguetti de 7 años, violada y torturada por sus secuestradores, Mario Reyes y Giovana Cruz, encendieron la indignación generalizada que mostró su mayor fuerza el 8 de marzo, cuando las calles de la capital mexicana y muchas otras ciudades se pintaron de morado con grandes marchas multitudinarias.



Al día siguiente, un paro generalizado de mujeres que dejaron sentir así su verdadero y muy subestimado papel en la sociedad. 43 mil millones de pesos en pérdidas económicas; 200 mil escuelas de nivel básico sin la totalidad de sus docentes, 21 mil de ellas cerradas por completo; 55 por ciento de las sucursales bancarias sin servicio, entre muchas otras muestras de la fuerza femenina real.


Catorce días después, la pandemia llevó al país al encierro y el empuje inicial de esa lucha de las mujeres terminó diluyéndose.


Una de las pocas victorias conseguidas en los siguientes meses llegó en noviembre cuando el Congreso de la Unión aprobó la #LeyOlimpia, un conjunto de reformas que reconocieron y establecieron sanciones a la violencia digital, es decir, a quienes expongan, difundan o reproduzcan fotografías, audios o videos de contenido íntimo o sexual de una persona sin su consentimiento, por medios tecnológicos, atentando contra su integridad, dignidad y vida privada, y ocasionando daño psicológico, económico, moral o sexual a la víctima y a su familia.


Esa legislación surgió luego del escándalo que ocasionó la difusión de un video de contenido sexual en que Olimpia Coral Melo había sido grabada sin saberlo por su entonces novio, César Gerardo M., quien después lo difundió por despecho.



La norma es correcta pero como sucede en la mayoría de los casos, el problema es su aplicación. México tiene leyes de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la protección de la violencia que las golpea. Sin embargo, diariamente 10 de ellas en promedio son víctimas de asesinato y menos del 10 por ciento de esos crímenes llegan a una sentencia.


La #LeyIngrid y la #LeyOlimpia llegaron para tapar el pozo luego de escándalos muy lamentables y dolorosos. Nadie duda que son un avance concreto pero ¿son una victoria verdadera para las mujeres? ¿Son producto de la conciencia real o de un profundo cinismo?


El botón de muestra es el propio presidente de México, quien dice que no debe romper ningún pacto patriarcal como se lo han pedido muchas mujeres que le reclaman por el apoyo de su partido a la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, aun cuando enfrenta acusaciones serias de abuso sexual y violación. López Obrador responde que ya rompió el Pacto por México, que no tiene nada que ver, lo que suena a una burla cínica y burda.


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Periodista y productor audiovisual

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