• Samuel Prieto Rodríguez

Tiempos oficiales en radio y televisión, reducto del autoritarismo



El decreto ofrecido apareció en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril para que entre en vigor el 15 de mayo. Los tiempos oficiales que ya no utilizará el Estado mexicano son muy pocos en relación con todos los que tiene a su disposición. Apenas 7 de los 48 minutos por día en televisión y 14 de los 65 en radio.

El artículo 4 fracción XVI de la Ley General de Comunicación Social echa en una misma bolsa todo el paquete: “Tiempos Oficiales: Comprende tanto los Tiempos de Estado como los Tiempos Fiscales en radio y televisión”. Lo único que hizo López Obrador, porque es lo único que puede hacer por decreto presidencial sin necesidad de negociar con algún otro poder de la Unión, fue disponer que el Poder Ejecutivo no utilice los tiempos fiscales que le corresponden. Así estaba avisado y así fue cumplido.


En realidad no representa ningún tipo de apoyo económico para los medios porque además la cantidad de minutos por hora que pueden comercializar, independientemente de tiempos oficiales, también está bien delimitada por la ley y no se altera de forma alguna. En este punto, la disposición del presidente de la República es más un asunto de propósito. Se espera que abra la brecha hacia la eliminación de una imposición confiscatoria, autoritaria, desproporcionada y, en rigor estricto, inconstitucional.

“Son tiempos fiscales pero es entendible, yo les llamo tiempos oficiales del Ejecutivo, eso sí es importante, es lo que corresponde al Poder Ejecutivo pero si nosotros hacemos esto, creo yo que lo van a analizar los otros poderes. Estamos hablando de los tiempos fiscales, oficiales, no le quiero llamar fiscal porque se puede pensar que es dinero, no. Por ley, nosotros disponemos de tiempos en la radio, en la televisión, esos tiempos ya no los vamos a ocupar”, dijo López Obrador el viernes 3 de abril.


Su jefe de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, reforzó ese apunte el mismo día mediante Twitter.

El tema se había puesto sobre la mesa desde el 7 de noviembre de 2019, durante la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión. El presidente de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre, expuso con franqueza los argumentos de la industria ante López Obrador.

“En la Constitución se define a la radiodifusión como un servicio público gratuito al que el Estado debe garantizar sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México y esto, esto no sucede ya que en definitiva contamos con un piso absolutamente disparejo con respecto a cualquier otro sector empresarial, como otras concesiones o las empresas extranjeras distribuidoras de contenido, denominadas OTTs y empresas del mismo sector en otros países. La carga tributaria y regulatoria que nos ha sido impuesta no tiene precedentes. Estas OTTs que en contenidos y publicidad transmiten lo que quieren, cuando quieren y como quieren sin ningún tipo de restricción y a nosotros, estando ahí cautivos, nos sobrerregulan y sobretributan fuera de todo parámetro, y disculpando la redundancia, siendo que nosotros somos un servicio totalmente gratuito y los otros cobran por usuario. La ecuación, la ecuación no da. Por ejemplo, la radiodifusión en México es la única industria concesionada que tiene que pagar una gigantesca contraprestación a 20 años de un solo golpe y porrazo, en una sola exhibición, misma que para otras concesiones en nuestro país y en cualquier otro lugar del mundo es mucho menor y se paga año con año. Nosotros, además de pagar nuestro Impuesto Sobre la Renta, pagamos hasta tres veces por el aprovechamiento del espectro, lo cual a nuestro modo de ver está fuera de toda lógica y fuera de toda legalidad. ¿Quién paga por un mismo bien más de una vez? Y lo que sí de plano, es que contamos con un tributo que nos fue impuesto como un abuso de poder y pasando por encima de lo que expresamente marca la Constitución, ese tributo denominado el ‘decreto mordaza’ impuesto por el gobierno del presidente Díaz Ordaz y no en contra de los derechos de la radio y la televisión sino del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información del pueblo de México. Este nació a partir de la cobertura que dieron la radio y la televisión a los lamentables y trágicos sucesos de 1968, una penosa transgresión a la ley. Señor presidente, mucho le agradeceremos revise este tema, mismo que va en la línea de su prioridad que es privilegiar el estado de derecho, impulsar la honestidad y combatir la corrupción”.

La respuesta de López Obrador no fue definitivamente la que sus seguidores más recalcitrantes y apasionados habrían esperado, pero sí la correcta atendiendo a la legalidad y el sentido común.

“Yo desde hace algún tiempo traigo lo de los tiempos oficiales, lo traigo como un tema a atender y él ahora supo plantearlo. Imagínense lo que representa para mí el que él haya hecho referencia al 68, que se impone este decreto, sin ofender a nadie, en uno de los gobiernos más autoritarios, que utiliza la fuerza, la violencia para reprimir a jóvenes, a estudiantes. Por lo mismo quiero informarles que voy a analizar lo de los tiempos oficiales que es, como aquí se ha expresado, un impuesto a la radio, a la televisión y hay tres razones a considerar: Primero, la importancia que tienen la radio y la televisión para garantizar el derecho del pueblo a la información. Segundo, un Gobierno democrático no necesita de propaganda, no necesita de muchos tiempos oficiales...”

“...Y la tercera razón es que yo tengo manera de comunicarme con los ciudadanos, nada más lo hago todos los días por casi dos horas en las ruedas de prensa, diálogos circulares o, como se conocen, ‘las mañaneras’; no me hace falta que haya demasiado tiempo oficial, ahí tengo oportunidad de estarme comunicando con los ciudadanos”.

¿Entonces qué? ¿La búsqueda por eliminar los tiempos oficiales en radio y televisión es legítima o una de esas maniobras oscuras de la mafia burguesa y antipatriótica?

Hay que decir que no hay ninguna otra democracia en el planeta donde los medios estén obligados por la ley a ceder una cuota fija de tiempo de transmisión al Estado. Lo común es que el gobernante pueda ordenar una cadena nacional bajo ciertas circunstancias bien definidas y/o que disponga la difusión de alguna campaña de interés general (salubridad, protección civil, civismo, etc.) durante una temporalidad y frecuencia establecidas.

Vayamos al origen de los tiempos oficiales mexicanos. 1968. Ese año, como es obvio, los medios de comunicación informaron sobre el movimiento estudiantil que tuvo como punto climático la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, circunstancia que no agradó al gobierno en turno que buscó censurar la cobertura, más aún porque los ojos del mundo estaban puestos en el país durante las semanas previas al inicio de los Juegos Olímpicos que arrancaron 10 días después.

Los medios mexicanos, no solo incluyendo sino sobre todo la radio y la televisión, hicieron su trabajo. Estudiando la historia hasta sin necesidad de ir tan a fondo, queda claro que la cobertura fue amplia y lo más inmediata posible considerando que en ese entonces no existían los teléfonos móviles y mucho menos internet, los servicios de mensajería instantánea ni las redes sociales. La radio dependía de líneas telefónicas fijas que incluso conectaban las llamadas vía operadora y los sistemas de audio y video más modernos que utilizaba la televisión eran armatostes enormes y pesados que estaban muy lejos de poder llamarse portátiles. Cubrir las noticias con esa tecnología, editar las imágenes y ponerlas al aire era un proceso muy complicado y bastante más lento.


Hay muchos estereotipos y mitos generalizados. Uno dice que Jacobo Zabludovsky abrió el noticiero nocturno del 2 de octubre diciendo “hoy fue un día soleado” y no informó sobre lo que había sucedido. No hay manera de que eso haya sido cierto dado que el noticiero 24 Horas inició transmisiones hasta 1970.

En 1968, Telesistema Mexicano no producía noticieros propios sino que esa responsabilidad estaba en manos de las agencias de publicidad que generaban espacios como el Noticiero General Motors y Su Diario Nescafé, este último conducido por Zabludovsky a las 6pm por el canal 4, es decir que su “hoy fue un día soleado” lo dijo cuando los acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas apenas estaban desatándose y aun no se sabía de ellos más allá de Tlatelolco.


Esa misma noche, la televisión no se detuvo. La investigación El 68 y los medios de comunicación: los gritos del silencio, del periodista Jenaro Villamil, publicada el 18 de septiembre de 2018 en Proceso, documenta que:

“El Excélsior era el responsable del Noticiero de Excélsior que se transmitía en la noche en el canal 2 del entonces Telesistema Mexicano (hasta 1972 se convertiría en Televisa). Las imágenes eran una secuencia filmada desde el tercer piso del edificio Chihuahua, de Tlatelolco. La cámara estaba a ras del suelo y se veía a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, tirados. Se escuchaban las ráfagas. El presentador afirmó que había ocurrido ‘algo muy grave, hubo un tiroteo’”.

El texto de Villamil agrega que Carlos “Monsiváis recordó en entrevista con Jesús Ramírez Cuevas que ‘después pasaron como ocho o 10 minutos al aire: se ve la gente tirada, se oyen los gritos, las quejas, los insultos, todos estaban tirados: el reportero que narraba y el camarógrafo. Nadie se levantaba. Luego se ve cuando entra un grupo civil y se lleva a los estudiantes, a los que se ve bajar las escaleras reptando en medio de la balacera. Ahí se interrumpe la transmisión’”.

Hay que recordar que el de esas alturas del 68, era el Excélsior dirigido por Julio Scherer García. Es decir que la tan llevada y traída autocensura de la que suele señalarse a la televisión comercial, obediente a intereses burgueses e inconfesables, no operaba en ese entonces.

Pasado lo más amargo del trago y ya sin las visitas internacionales viendo, Gustavo Díaz Ordaz llamó a su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. El funcionario narra el episodio en su libro El Desarrollo Estabilizador, reflexiones sobre una época, publicado en 1998.

“Al terminar los juegos olímpicos, el presidente Díaz Ordaz me dijo que los acontecimientos habían confirmado la importancia de los medios electrónicos de comunicación masiva. (...) Me pidió que elaborara alguna propuesta para lograr su mejor aprovechamiento en beneficio del país. El presidente buscaba una regulación efectiva de los medios, aunque estuvo de acuerdo en que no se convirtieran en empresas controladas por el Estado”.

La manera que encontró para cumplir con la orden presidencial fue incluir en el presupuesto de ingresos de 1969 un impuesto de 25 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas de radio y televisión. Dado que el carácter de una ley debe ser general, la argucia fue que se trataba específicamente de concesiones federales para actividades declaradas expresamente de interés público por la ley. Es decir, otras como las de minería o infraestructura no estarían sujetas a ese gravamen arbitrario.


El propósito era presionar una negociación desde una muy ventajosa posición de fuerza, dado que la medida no entraría en vigor el 1 de enero de 1969 sino medio año después. El arreglo final con los empresarios de radio y televisión, documentado en el testimonio de Ortiz Mena, fue “un acuerdo por el cual estos últimos cedían 12.5 por ciento del tiempo de transmisión al Estado. La idea era utilizar esos espacios para programas que llevaran un beneficio a la sociedad. (...) Existía un potencial muy importante en los campos educativo, cultural y en salubridad y en cuanto a la amplia difusión de los asuntos políticos que se podía lograr vía la televisión. (...) Desafortunadamente, el proyecto no se consolidó y el tiempo del Estado se utilizó para difundir tesis gubernamentales o programas de poco interés y de reducido beneficio para la sociedad”.

Pasados los años, ya sabemos en qué se utilizó durante las administraciones posteriores: el lucimiento personal del gobernante en turno y las obras de su administración presentadas como si el dinero hubiera salido de su bolsillo propio debido a su magnanimidad, en la promoción de programas sociales que terminaban siendo instrumentos de clientelismo político y, en épocas de campaña electoral, en un bombardeo de propaganda política sin más contenido que señalamientos, acusaciones y trapitos al sol en vez de propuestas claras y proyectos de nación viables y alternativos.

Eliminar los tiempos oficiales en radio y televisión es signo de los nuevos tiempos. Las redes y los SVOD no están sujetos a ellos ni a otras formas de presión y censura. Quien esté en contra de ello no entiende entonces los nuevos tiempos. El camino aun es largo.

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Periodista y productor audiovisual

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